Según un aforismo polinesio “Las llaves que abren las puertas del cielo también abren las del infierno”. Esta doble condición se aplica con propiedad a algunas de las más reputadas tecnologías en el mercado; especialmente a las que se atribuye ser “radicales” por constituir la base técnica de las principales tendencias de la economía globalizada. Estas tecnologías llegan, según sus promotores, como potentes instrumentos para suprimir carencias, sufrimientos o injusticias (hambre, incomunicación, enfermedad, inseguridad…) y abrir el camino a una vida satisfactoria y segura.

Sin embargo, una de las constataciones más frecuentes es que las tecnologías radicales, tales como las modificaciones del ADN de plantas y microorganismos con el propósito de producir fármacos y alimentos o las tecnologías de información y comunicación1, se ofrecen tan inopinadamente al común de las personas, que sus fundamentos culturales, su papel en el desarrollo humano y su empleo inocuo no llegan a ser bien conocidos e internalizados por los consumidores. Agrava esta situación el que unas tecnologías sustituyan, en plazos tan cortos a versiones anteriores de las mismas, que el proceso de apropiación ergonómica y mental, no tiene lugar ni posibilidad.

La contradicción es notable: las tecnologías radicales son portadoras de bienestar por permitir nuevos, más abundantes y económicamente más accesibles productos y servicios. Y pueden también y simultáneamente, dañar la salud de las personas y sus relaciones con las demás si no son adaptadas a sus características psicológicas y fisiológicas o si, como es más frecuente de lo que quisiéramos, se trata de productos superfluos que empobrecen la identidad del usuario. Si se mira bien, lo positivo de las tecnologías solo puede ofrecerse en el marco de políticas públicas explícitamente enfocadas a lograr que los usuarios gocen de sus posibles beneficios sin sufrir sus potenciales perjuicios. Podemos decir que la política es funcional al bienestar social cuando promueve la salud de los ciudadanos y las buenas relaciones entre ellos a partir de la completa apropiación tecnológica, mediante la que reconocen la utilidad y el provecho de las tecnologías -y los disfrutan- y evitan expresamente sufrir los potenciales daños que traen consigo cuando no son bien empleadas. La relación de este escenario deseado con la educación de calidad, centrada en el bien común y en la expansión del intelecto y del espíritu humanos, es bastante evidente. Las tecnologías, pues, no se clasifican en buenas, malas y ambiguas. Esas categorías corresponden más bien a las políticas –públicas o privadas- que las promueven.

Estos son tiempos de expansión del comercio mundial y de los valores (universalización del consumo; puentes entre pueblos; solidaridades…) y antivalores (el lucro como fundamento de las relaciones sociales; calidad mediana de los productos comerciales con el propósito de inducir repetidos consumos; productos y servicios superfluos que alienan la identidad de los individuos y del cuerpo social; creciente comercio ilícito de bienes y servicios…) que lleva consigo. La gestión pública, como plataforma de arbitraje entre intereses diversos enfrenta el desafío de tomar decisiones finas frente a la incorporación tecnológica, con el propósito de obtener la máxima ventaja de ella y el mínimo daño. Debido a que los propietarios de las patentes y los comercializadores de los productos tecnológicos, por la lógica vigente de las relaciones económicas, están menos interesados en que este buen propósito se alcance y más deseosos de recuperar lo antes posible su inversión y obtener ganancias, el estado tiene un papel intransferible y fundamental que cumplir. Intransferible, porque ninguna otra categoría institucional (empresas, partidos, iglesias…) tienen como propósito funcional y efectivo el bien común, sino el privado y grupal. Y, fundamental, porque el escamoteo de esa función y responsabilidad arruina el país.

Entre las muchas decisiones que el estado debe tomar para el bienestar individual y colectivo –lo que constituye su razón de ser- están las de invertir en investigaciones científicas para el mejor conocimiento del territorio, los recursos naturales, la seguridad frente a desastres geofísicos, la salud pública, la protección de bosques, las fuentes de agua, la protección de los espacios intangibles, etc., etc. También debe asegurar la formación de especialistas de muy alto nivel para conocer, difundir y proteger la oferta de recursos del territorio y ponerla al servicio de la sociedad toda. Debe equipar laboratorios de investigación y educar a los ciudadanos en la finalidad cultural y económica de estas y otras muchas actividades encaminadas al bienestar general. Ciertamente todo esto debe hacerlo con la activa y co-responsable participación de organismos privados y civiles calificados y funcionales a esos fines. En una importante medida esto es lo que viene realizando el CONCYTEC en su presente gestión, aunque con las dificultades propias de una normatividad y de –en general- una institucionalidad nacional que transpira un temor colonial a valorar el conocimiento como instrumento privilegiado para el desarrollo económico y cultural y para la contribución vigorosa del Perú al mundo.

Sin excepción, en todos los países emergentes la investigación la promueve y organiza principalmente el estado, y el empresariado va, en la medida en que su visión del país y su responsabilidad social se perfeccionan y su temor a innovar se disipa, asumiendo progresivamente esa función, aunque sin que el estado deje de retener para sí el liderazgo, como el órgano arbitral y garante del bien común que es.

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1 También son radicales las tecnologías de nuevos materiales elaborados en respuesta a requerimientos de las industrias que no pueden ser satisfechos con los materiales que la naturaleza provee de suyo, precisándose crear en laboratorios de investigación nuevos materiales con propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas u ópticas inéditas.

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